Nota a la CSJN x el CVVG de Pto Madryn - Huircapan y Retamal

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Nota a la CSJN x el CVVG de Pto Madryn - Huircapan y Retamal

Mensaje  GAUCHO RIVERO el Jue Dic 30, 2010 8:58 am

Aca les dejo la nota que desde Pto Madryn - Chubut le enviaran a la CSJN un Centro de VVG, con motivo de la sentencia sobre dar la condición de VG a una persona que nunca piso las Islas Malvinas durante la Guerra, ni estuvo en misiones de combate y que yampoco estuvo dentro del TOAS y obvio tampoco del TOM.
Realmente el que no sabe no sabe, y si se mete no sabiendo pero creyendo que sabe, el kilombo que arma es de proporciones a futuro, totalmente inpredecibles. Los firmantes metieron la pata y mal.

Saquen sus conclusiones y si desean peloteamos un rato con el tema.

En lo personal es una pena lo hecho.

GAUCHO RIVERO




CENTRO DE VETERANOS DE GUERRA-PUERTO MADRYN
Personería Jurídica N º 1328.
Pasaje 1ª de Marzo 585 - TE. (02965) 454519.
_____________________________________________________

Puerto Madryn, 22 de Diciembre de 2010.-



Corte Suprema de Justicia de la Nación
Presidente
Dr. Ricardo Luis LORENZETTI
S______________/_______________D




De nuestra consideración

Nos dirigimos a usted, como parte legitimada por afectar nuestros derechos honoríficos, en referencia al Fallo “Gerez, Carmelo Antonio c/ Estado Nacional M° de Defensa s/ impugnación de resolución administrativa - proceso ordinario” de fecha 9 de Noviembre de 2010.-
Dicho causa fue fallada, en contra de la pretensión del actor de que se lo considere Veterano de Guerra en Primera y Segunda instancia, impugnando la Resolución 777/2004 del Ministerio de Defensa, alegando la doctrina de arbitrariedad de sentencia tanto en lo atinente a la interpretación de las normas en juego, como en la apreciación de la prueba presentada en autos-
Que no comprendemos porque en los considerandos del fallo se expresa que el actor es “suboficial retirado sin haberes” (SIC) y que la interpretación de normas está “en estrecha conexión de sentido con los beneficios de la seguridad social garantizados por nuestra Constitución Nacional” cuando esto no es el punto puesto en crisis, sino dilucidar primero si el Sr Gerez es o no Veterano de Guerra.-

Que a más abundamiento para resaltar la situación socio-económica del actor, más adelante se manifiesta que “no es dable exigir el cumplimiento de un recaudo que no es tal, al no estar previsto en la legislación que rige la cuestión y, de esa forma agravar el estado del actor que, en situación de retiro, sin percibir haberes de la Armada Argentina desde noviembre de 1986 ni gozar de ningún beneficio jubilatorio, pensión o subsidio por concepto alguno, se encuentra desocupado y a cargo de su familia integrada por su cónyuge y cinco hijos.” (SIC), lo que consideramos fuera de lugar ya que lo que había que dilucidar era si al actor le corresponde o no un estado jurídico, tal como es la de Veterano de Guerra o Combatiente.-
Que el beneficio solicitado (Pensión Honorífica de Veterano de Guerra) se otorga a “quienes hayan estado en el Teatro de Operaciones Malvinas o hayan entrado efectivamente en acciones bélicas de combate en el Área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur”, situación que se ajusta al concepto jurídico de Combatiente que enuncia la Convención de Ginebra y de cuyo Tratado, Argentina es parte firmante.-

Hoja II

Que se relata el periplo del actor durante el período de la guerra de Malvinas y no se desprende en dicho relato que haya estado en “zona de combate u Hostilidades” según el Estatuto de Combatiente y de Prisionero de Guerra del Convenio de Ginebra, y que, al crearse las normas federales respecto a los Combatientes de Malvinas se adecuó al mismo dándole sentido a quién se considera Combatiente y quienes no son, además de ser una cuestión de sentido común y de pura lógica como es en definitiva el Derecho todo.-

Que a lo largo de todo el fallo se omitió analizar el Estatuto de Combatiente y Prisionero de Guerra, Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra (Sección II- artículo 43) que rige desde el 7 de diciembre de 1978, siendo éste el marco jurídico internacional plasmado en un Tratado del cual nuestro País adhirió, sin considerar que los tratados internacionales celebrados con otras naciones o con organismos internacionales y los concordatos con la Santa Sede, tienen jerarquía superior a las leyes (art. 75, inc. 22 primer párrafo).-

Que el fallo, basado en una Resolución interna de la Armada Argentina, menciona tres parámetros que se tomaron para la regulación del otorgamiento o “mantenimiento (¿?)” de la condición de "veterano de guerra": una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre el 2 de abril y el 14 de Junio de 1982;un ámbito geográfico integrado por el Teatro de Operaciones de Malvinas (TOM) y el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) y un último requerimiento de acción dentro del TOAS, esto es, haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de "riesgo de combate".-

Que el “Riesgo de Combate”, concepto que surge de la Resolución 426/04 dictada por el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, no es una situación contemplada por la legislación Nacional y mucho menos, por el Estatuto de Combatiente y Prisionero de Guerra ni por el Derecho Internacional Humanitario en su totalidad, ya que éste es un Derecho que define las prácticas aceptables mientras se está en guerra (IUS IN BELLO) aplicado a todas las partes en conflicto, y no cubre las situaciones de tensiones internas o lugares de potenciales ataques, contraataques o desembarcos, etc, lejos de la zona donde se suceden las hostilidades.-

Que el fallo intenta determinar si Tierra del Fuego está en la Plataforma Continental o no, y si ésta pertenece al TOAS o no, y si el actor cruzó en su único traslado a esa zona el TOAS, cuando la Ley 23848 ajustándose al Tratado Internacional reza: “…o entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS)…” por lo que debió haberse determinado dos requisitos fundamentales: Primero, si el actor estuvo en el TOAS, y segundo, para adaptarse a la Convención de Ginebra y la Ley 23848 para esa zona geográfica, si el demandante, en el TOAS, entró en acciones efectivas de combate, situación que claramente surge negativa.-

Que el Derecho Humanitario tan sólo se aplica en tiempo de conflicto armado y sus disposiciones se formulan atendiendo a las circunstancias especiales de la guerra.- Sus normas no pueden ser derogadas o modificadas en circunstancia alguna, y las mismas, se aplican "a través de la línea del frente" o “zona de hostilidades”, es decir, las fuerzas armadas han de respetar el derecho humanitario en sus relaciones con el enemigo (y no en sus relaciones con los nacionales de su propio país), de ahí que el Combatiente tiene el derecho de participar directamente en las hostilidades realizando actos de guerra dirigidos en forma directa con los combatientes de la parte adversa.-

Hoja III

Que el Derecho Internacional Humanitario es muy claro en su Estatuto de Combatiente y de Prisionero de Guerra cuando reza que sólo los miembros de las Fuerzas Armadas en conflicto pueden ser combatientes, y que “son combatientes quienes tienen derecho a participar directamente en las hostilidades”, y esto solo ocurrió en el TOM y algunas partes del TOAS, lo que excluye al personal militar en la zona continental, e incluso, a quienes estuvieron en otras partes del TOAS.- Y es tan claro y lógico en su definición que, amalgamado en la definición de Combatiente, surge el Estatuto del Prisionero de Guerra para aquel personal de las Fuerzas Armadas que en zona de hostilidades “ caiga en poder de una parte adversa”, quedando claro que el Combatiente es aquél que combate contra un enemigo concreto y solo tiene estas posibilidades: Ganar o perder la batalla; morir en combate o caer Prisionero de Guerra.- O sea que el Derecho en la Guerra o Ius in bello, siendo un derecho excepcional, por lo tanto RESTRICTIVO, aplicado solo en tiempo de conflicto y que cubre solo a determinadas categorías de individuos que pueden verse afectadas por las hostilidades, deja claramente fuera de su ámbito a quienes no estuvieron nunca en zona de hostilidades o línea del frente, tal como es el caso del actor de esta causa.-

Que en la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH), unos de sus principios es el de DISTINCION, que consiste en la clara diferenciación entre combatiente y no combatiente y entre objetivos militares y bienes civiles, definidos así : Combatiente: Es quien participa directamente en las hostilidades.-No Combatiente: Es el que no participa directamente en las hostilidades (población civil) o ha dejado de participar (heridos, enfermos o capturados), pero que siempre han estado o permanecido en la zona de hostilidades.-

Que el Derecho Internacional Humanitario permite que los miembros de las fuerzas armadas de un Estado, que es parte en un conflicto armado internacional, y los miembros de las milicias asociadas que reúnen las condiciones establecidas, participen directamente en las hostilidades. Por lo general, se los considera combatientes legítimos o privilegiados que no pueden ser enjuiciados por participar en las hostilidades, siempre que respeten el DIH.- Cuando se los captura, son acreedores al Estatuto de Prisionero de Guerra.- En tiempo de guerra, los combatientes pueden ser sometidos a internamiento, interrogatorios y juicios por crímenes de guerra, teniendo el derecho a recibir un trato humano cuando se encuentran en poder del enemigo.-----------------

Que en definitiva, el Derecho Internacional Humanitario es un conjunto de normas destinadas a mitigar, por razones humanitarias, los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan o que han dejado de participar en las hostilidades y limita el empleo de medios y métodos de guerra, y a estos preceptos de carácter Ius Cogens, nuestro País adhirió en un Tratado adquiriendo una jerarquía superior a las Leyes.-

Que asimismo, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en el artículo segundo de dicha Convención, define al tratado como un "acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, siendo en su gran mayoría normas de ius cogens, entre ellas principios del DIH, que se caracterizan por ser de obligado cumplimiento y no admitir acuerdo en contrario de los Estados.- Estas normas de ius cogens contienen un consenso sobre valores fundamentales de la comunidad internacional que se imponen sobre el consentimiento de los Estados individualmente considerados y esta jerarquía es ratificada por nuestra Constitución Nacional en su Art. 75, por lo que este fallo estaría violando flagrantemente no solo nuestra Carta Magna sino el espíritu que anima a la comunidad internacional al crear estos Tratados.-

Hoja IV

Que también la Corte Internacional de Justicia hizo referencia a "principios intransgredibles de Derecho internacional", y si bien no usó expresamente el término ius cogens, al referirse a principios del Derecho Internacional Humanitario aplicable en caso de conflicto armado, entre ellos, la prohibición de ataques contra civiles y el uso de armas que no distingan entre civiles y combatientes (principio de distinción), y el trato de civiles y combatientes fuera de combate como Prisioneros de Guerra , todos deben ser tratados de acuerdo con principios de humanidad, en defecto de norma del Derecho Internacional Humanitario, basándose en la Cláusula Martens (Protocolo I y II de los Convenios de Ginebra de 1977), referencia donde surge clara e indubitablemente que estos Principios son normas ius cogens.-


Por lo expuesto:

RECHAZAMOS el Fallo de la Corte Suprema de Justicia dado que:

El Fallo se funda en una Resolución interna de una de las tres (3) Fuerzas Armadas de nuestro País que introduce un concepto de “riesgo de combate” que contradice las Leyes nacionales y la Convención de Ginebra (Estatuto de Combatiente y Prisionero de Guerra), dando vuelta la pirámide de la Jerarquía de las Leyes en sentido formal y material.-

Para dilucidar el caso se omitió traer al mismo la norma internacional plasmada en un Tratado del cual nuestro País es parte, tal es La Convención de Ginebra y su Protocolo Adicional (Sección II- artículo 43) que rige desde el 7 de diciembre de 1978, esto es, el Estatuto de Combatiente y Prisionero de Guerra, al cual se adecuan las normas referidas a la Veteranía de Guerra en nuestro País.-


Que se intenta modificar el concepto COMBATIENTE, ya acordado por la Comunidad Internacional en el Derecho Internacional Humanitario y que tiene Status de IUS COGENS, las cuales son Derecho Impositivo y sus normas se deben observar necesariamente en cuanto tutelan intereses de carácter público o general.-

Que el fallo admite como NO EXCLUYENTE, una situación que para las Leyes Federales y el Derecho Internacional Humanitario es indubitablemente EXCLUYENTE, como es la situación de “haber intervenido en efectivas acciones bélicas de combate” estando en el TOAS, situación que el actor no experimentó, e incluye, a contrario sensu del Derecho Internacional Humanitario, de las normas federales y del sentido común, el precepto “riego de combate” mencionado en una Resolución interna de una de las 3 Fuerzas Armadas.-

Que el DIH, para conceptualizar al Combatiente utiliza el Principio de Distinción y un ámbito de aplicación que es también un ámbito determinado, esto es la “Línea del Frente” o “Zona de Hostilidades”, donde surge claramente que el actor no estuvo en esa zona, siendo esto una conditio sine qua non.-

Hoja V

Que los integrantes de la Corte, al omitir analizar esta norma internacional plasmada en un Tratado y basarse en una Resolución interna del Estado Mayor General de la Armada que es contraria a la Norma Internacional por nuestro País suscripta, dictan un fallo cuyos fundamentos devienen no válidos para una decisión judicial de tamaño calibre, ya que el mismo no tiene el sustento para modificar el concepto de Veterano de Guerra, el cual ameritaba y se imponía, fundarse en el Estatuto de Combatiente y Prisionero de Guerra (norma IUS COGENS).-

Que un fallo judicial que involucra normas federales como Tratados Internacionales y éste último se omite, siendo la decisión final contraria al mismo, deviene en no conforme a la Constitución y a los principios de la doctrina y la jurisprudencia internacional vinculados con la especie a decidir, resultando clara y flagrantemente inconstitucional.-

Que lo que se esta decidiendo es una cuestión de Honor y no una situación socio-económica del actor, tal como parece surgir de algunas expresiones del fallo relatadas Ut Supra, porque en esta inteligencia todo aquel que padezca una situación socio-económica mala o sea indigente, y que tuvo alguna relación con el conflicto, terminará siendo Veterano de Guerra.-

Que este fallo, al ser fundado superficialmente y contrario a normas internacionales Ius Cogens plasmadas en Tratados del cual nuestro país es firmante, crea un ficticio precedente que puede generar un conflicto social con los miles de Ex Soldados y Ex Militares que estuvieron durante la Guerra de Malvinas en el continente, creándoles falsas e inconstitucionales expectativas, y el Estado deberá soportar las consecuencias de estos conflictos sociales surgidos desde este decisorio.-

Que el honor de ser Combatiente de Malvinas es una cualidad que defenderemos con la mayor dignidad que nos permitan nuestras limitaciones y no es una cuestión “semántica”, el honor no se compra, no se vende, ni se adquiere por una resolución burocrática y nosotros lo ganamos en un campo de batalla, donde tuvimos que matar para que no nos maten, donde vimos caer a nuestros hermanos que hoy son los únicos héroes de esta historia y en donde, en nombre de nuestra Patria, adquirimos las heridas físicas y síquicas que soportaremos hasta el último de nuestros días.-

Asimismo elevamos copia de esta misiva a todos los estamentos gubernamentales para su conocimiento, y hacemos propicia la oportunidad para saludarlos con atenta consideración.-


Guillermo HUIRCAPAN Juan RETAMAL
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Re: Nota a la CSJN x el CVVG de Pto Madryn - Huircapan y Retamal

Mensaje  JT el Vie Ene 07, 2011 11:28 am

Es evidente que la "Nota" ha sido redactada con asesoramiento jurídico.

Al menos, por su de redacción y formato.

La pregunta que surge es:

¿Los asesores jurídicos, serán movilizados?

Porque la argumentación, además ser errónea, posee el mismo estilo tergiversador que esgrimen los movilizados.

Cuando sólo se lee la mitad de la biblioteca, y encima se lee mal... Pasan estas cosas.

Realmente es lamentable que después de tantos años sólo podamos "avanzar" hacia atrás.

A no desesperar, todavía se puede empeorar…


J.T.-

PD: Sí el año comienza así... No
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